LAS COSAS RARAS DEL MUNICIPIO DE VILLA MARÍA Y LA PRECARIZACIÓN LABORAL

Por Jesús Chirino*

Cinco mil quinientos millones de pesos, es una cifra muy importante. Ese monto es la diferencia entre las cuentas municipales que dejó el anterior Intendente de Villa María, Martín Gill y la realidad que encontró la nueva administración, según la auditoría privada encargada a la consultora “Russel Bedford”. El informe realizado por esa firma fue elevado por el actual Intendente, Eduardo Accastello, al Tribunal de Cuentas, al Concejo Deliberante y también llegó a manos del fiscal Renés Bosio.

Más allá de las chicanas políticas, que corren de un lado para otro, lo que se está afirmando es que Martín Gill y su equipo llevaban las cuentas municipales con total desorden y no aparece un poncho de cinco mil quinientos millones de pesos. Ante tamaña denuncia Gill, procesado judicialmente por Violencia de Género en contra de una de sus ex parejas, se mantiene en silencio. ¿No posee argumentos para rebatir la acusación?

Lo concreto es que el silencio del ex mandatario municipal está diciendo mucho en el terreno de lo que se discute, máxime cuando su procesamiento lo llevó a renunciar como Ministro de Cooperativas del Gobierno de Córdoba. Salvo algunos ex funcionarios o beneficiarios del Gobierno de Gill que se encargan de marcar las deficiencias del actual Gobierno de Accastello, que las tiene y varias, la mayoría de quienes integraron el equipo del ex Rector de la Universidad de Villa María practican el silencio.

Entre quienes mantienen el silencio está una de las figuras más destacadas del Gobierno de Gill, Rafael Sachetto, quien ahora es Auditor Municipal y que, según la Carta Orgánica de la ciudad, entre sus funciones tiene la de “….asumir la defensa de las libertades, derechos y garantías de los ciudadanos tutelados por esta Carta Orgánica, ante hechos u omisiones de la administración Pública Municipal…”. No caben muchas dudas acerca de que una diferencia de varios miles de millones de pesos afecta libertades y derechos de los ciudadanos que deberían beneficiarse con el accionar del Gobierno. Si bien el faltante es de la administración anterior, que integró Sachetto, las consecuencias no quedaron sólo en aquel período. Quizás desde la Auditoría debería pedirse el informe de la consultora y profundizar la investigación, pero se da la paradoja de que estaría averiguando cosas de la misma administración que lo tuvo como figura destacada.

Entre los derechos que afecta la administración poco transparente o delictual (esto deberá determinarlo la Justicia) de los fondos del Estado local están el de los trabajadores municipales, que vienen cobrando sueldos miserables desde hace varios años. Situación que continúa y no se ve perspectiva de mejora inmediata cuando en la actualidad hay quienes tienen un salario de apenas 360.000 pesos. Todos estos años se mantuvo la precariedad en la relación laboral con la mayoría de los empleados municipales con argumentaciones muy cercanas a las que sostiene el actual presidente de la Nación. Alguna vez uno de los secretarios de Salud de Gill sostuvo que los facturantes tenían esa relación laboral porque ellos elegían trabajar de esa forma, sino se irían a otro lado. Un cinismo a prueba de todo para quienes luego hablaban de derechos de los que menos tienen.

Todo esto continúa igual, no ha cambiado nada salvo el incremento de despidos y la renovación de personal por acólitos que creen que se les tratará de otra forma pero con el tiempo verán que es todo un sistema que apunta hacia otro lugar. Una pregunta que se ha sonado en diferentes ámbitos y que no ha tenido mucho eco, pero que puede repetirse para que llegue a oídos de la Justicia es ¿lo que se les pagaba a los contratados municipales es lo mismo que luego figuraba en las cuentas del Estado Municipal?. Es probable que esto no lo tuviera en cuenta la consultora que hizo el trabajo que muestra un total desorden en las cuentas del Gobierno de Gill, pero sería bueno tomar varios casos y llamar a los contratados para ver qué les pagaban y cuánto aparece en los asientos municipales. Porque, tengamos en claro, el desorden de las cuentas no era porque no hubiera profesionales capacitados, ese desorden tenía alguna finalidad.

En el marco de este desorden del Municipio de Villa María hay que recordar que en marzo de 2024 llegó un contenedor, que había sido retenido en la Aduana argentina, con ropa que supuestamente sería donada a sectores necesitados. La administración actual dice que fue la anterior quien hizo los trámites para que el contenedor llegara a Villa María. La sorpresa, que terminó en una denuncia realizada por Accastello, es que entre la ropa se encontraron 15 kilogramos de cocaína. Hasta ahora no se tienen muchas noticias de si la causa avanzó en la Justicia Federal y se mantiene silencio acerca de un tema que debería ser tratado con mucha transparencia.

Sin levantar el dedo acusador contra nadie es importante entender que se trata de mucha droga que llegó al Municipio local. El no accionar de diferentes espacios del poder político pareciera señalar cierta degradación de la institucionalidad, la misma que hace que se siga aprobando, tanto el Departamento Ejecutivo como en el Concejo Deliberante, la precariedad laboral de los trabajadores municipales.

Todo en un silencio que sólo suele ser herido por declaraciones de ocasión que no van a los temas profundos que la ciudad necesita tratar. Entre ellos la realidad de los trabajadores municipales de Villa María.

*Secretario Gremial de la CTA Autónoma Regional Villa María